Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y los artículos 61.2 y 47 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de determinar el alcance de la excepción establecida en los preceptos referidos en cuanto a la omisión del trámite de audiencia en los procedimientos para la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones financiadas con fondos europeos.
Resumen: La demandante era titular de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo familiar, por ser progenitora de un menor de edad de nacionalidad italiana y se inadmite la solicitud por manifiesta falta de fundamento. Solicitó por error autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena 2ª renovación, cuando lo que ella pretendía era la renovación de la que ya disponía. La Sentencia desestima el recurso e indica que la resolución es correcta. Que si ha habido un error debe de solicitar la residencia que corresponde. La Sala dice que en el presente caso, carece de fundamento solicitar un permiso de residencia temporal y trabajo cuenta ajena 2ª renovación cuando no se tiene autorización de residencia temporal y trabajo (la interesada fue titular de una residencia temporal por circunstancias excepcionales inicial arraigo familiar por ser progenitora de un menor de alguna de las nacionalidades de la Unión Europea). Entiende que no procede la subsanación y concluye diciendo que no podemos exigir de la Administración sino que resuelva en congruencia con lo que se le ha pedido y planteado, sin que deba resolver de facto sobre solicitudes que no se le han formulado..
Resumen: La sala reitera su doctrina jurisprudencial en interpretación del art. 57.1 de la LOEX, en relación con los arts. 53.1.a) y 55.1.b) de la misma Ley, concluyendo que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la decisión de expulsión y no cabe la posibilidad de sustitución por una sanción de multa. Así, esta expulsión exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria. Tales circunstancias de agravación han de considerarse sobre la base de las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación. Todo ello puesto en relación con la STJUE de 3 de marzo de 2022, asunto C-409/20.
Resumen: Confirma la Sala la inadmisibilidad acordada en sede administrativa ante un acto que es reproducción de otro anterior que devino firme y consentido y aplica para ello la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las exigencias para considerar que un acto es reproducción de otro anterior, básicamente las mismas que caracterizan a la cosa juzgada.
Resumen: La sentencia desestima el recurso sobre las siguientes consideraciones. La Sala ha declarado -STS de 23/09/2020 (rec. 2839/2019)- que el principio de firmeza administrativa de las liquidaciones despliega sus efectos en el acto consentido, no lo hace en los otros posteriores, lo que hace posible basar la impugnación de la sanción en motivos propios de la liquidación firme, pues es exigencia de la efectividad de la tutela judicial que deben dispensar jueces y tribunales (art. 24.1 CE). Sin embargo, en este caso, la liquidación dictada no es el acto antecedente necesario de la sanción que se impugna, impuesta por el incumplimiento de deberes formales en relación con las declaraciones aduaneras, lo que hace inviable el recurso de casación.
Resumen: Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en: 1. determinar si el aumento del justiprecio como efecto de la retasación de bienes expropiados (art. 58 LEF), y reconocido por sentencia judicial tras el fallecimiento del causante, es una ganancia patrimonial sujeta al IRPF del causahabiente, porque trae causa de una alteración patrimonial diferente y posterior a la producida originariamente por la expropiación del bien o derecho; o, por el contrario, si constituye un hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones, al considerar que se trata de valorar de nuevo tal ganancia, en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2024. 2. Aclarar cómo debe imputarse temporalmente la ganancia patrimonial obtenida como consecuencia de la retasación de bienes expropiados y, en particular, en los casos en los que haya resultado litigioso el justiprecio fijado en la retasación; si es aplicable la jurisprudencia sobre imputación temporal contenida en las sentencias de 26 de mayo y 12 de julio de 2017 y de 7 de noviembre de 2024 en virtud de las cuales, cuando el justiprecio es objeto de recurso, el incremento reconocido en la resolución que lo resuelva debe imputarse temporalmente al ejercicio en el que dicha resolución devenga firme. 3. Discernir, a partir de la respuesta dada a la primera cuestión, si a tales ganancias les resultan aplicables los coeficientes reductores (DT. 9ª LIRPF).
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto frente a sentencia estimatoria parcial de recurso de apelación interpuesto frente a sentencia desestimatoria de recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a resolución que acuerda la expulsión del territorio nacional del extranjero en situación irregular conforme a lo dispuesto en el 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. La Sala reitera que solo pueden ser tenidas en cuenta en sede judicial aquellas circunstancias fácticas agravantes/incriminatorias que la Administración tuvo en cuenta como fundamento de la sanción en la propia resolución sancionadora administrativa, sin que se puedan introducir ex novo en el proceso judicial otras circunstancias agravantes distintas a aquellas y que la mera cita genérica de la existencia de antecedentes policiales, cuyas circunstancias y resultado no se justifican por la Administración, no puede servir de fundamento o circunstancia agravante que permita cumplir con el presupuesto de proporcionalidad en la adopción de la decisión de expulsión del territorio nacional.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 2 y 3 de la Orden FOM/36/2008, así como el artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento de las Administraciones Publicas, a fin de determinar si el lugar en el que esté domiciliado el permiso de circulación determina el lugar de domiciliación de las licencias y, en consecuencia, del órgano competente para concederlas o denegarlas, todo ello a efectos de la revisión de oficio solicitada.
Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en consiste determinar si los trámites de control y verificación de los Reglamentos comunitarios, y concretamente los informes de verificación del artículo 13 del Reglamento nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, son actuaciones con sustantividad propia y, por lo tanto, sometidos a plazo de caducidad.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el incumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración autonómica en materia de ejecución de obras hidráulicas exime de culpabilidad o de responsabilidad a las entidades locales competentes en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales, en la realización de vertidos que incumplan la normativa vigente, desde el punto de vista del Derecho Administrativo sancionador; todo ello teniendo presente lo dispuesto en la STS de 29 de julio de 2021 (recurso de casación n.º 223/2020).
